Peña Nieto (@EPN) será investigado en la Corte Interamericana por tortura sexual a mujeres en #Atenco #Mexico



Hace 11 años, cuando era gobernador del Estado de México, el ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo policial de 700 elementos de la extinta Policía Federal Preventiva y de 1.815 agentes municipales para replegar a los manifestantes –entre ellos mujeres, niños y ancianos– de la comunidad de San Salvador Atenco. 
Las declaraciones emitidas por el entonces gobernador del Estado de México, así como de los miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de los atropellos cometidos durante este acto, fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio de 11 mujeres que denunciaron "tortura sexual".
En entrevista con RT en Español, Jenaro Villamil, periodista y autor del libro 'La caída del telepresidente', asegura que "la represión de Atenco es el hecho que anticipó y acompaña el estilo de gobernar de Peña Nieto y de todo el grupo mexiquense en el poder". Y agrega: "La investigación internacional también es un precedente de las otras grandes matanzas y represiones del actual Gobierno federal. Quizá ese puede ser el camino que tomen casos como Tlatlaya y Ayotzinapa".
Sin embargo, este caso –los agravios efectuados contra las mujeres durante las protestas del 3 y 4 de mayo de 2006–, es merecedor de "medidas administrativas, disciplinarias o penales", insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender algunas recomendaciones formuladas en octubre del 2015.
Las conclusiones de la CIDH sobre este caso señalan al actual presidente de México como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra los pobladores y activistas de la comunidad de Atenco cuando fue gobernador del Estado de México, misma responsabilidad que será analizada durante la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


A este respecto, Villamil comentó a RT que "hay que recordar lo que el mismo presidente de México dijo en la Universidad Iberoamericana, en la capital del país el pasado 11 de mayo de 2012, cuando estudiantes le cuestionaron la represión de Atenco. Peña Nieto asumió que él fue el responsable de dichos actos e, incluso, aseguró que los volvería a cometer haciendo uso de la fuerza pública", finalizó.
En el último trimestre de este año, la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de funcionarios mexicanos por la "denegación de justicia" en los casos de María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes en 11 años no han encontrado justicia ni paz en sus vidas.

José Luis Montenegro